En las últimas décadas venimos observando una claro incremento de las especies de caza mayor en toda España. Este incremento se puede asociar fundamentalmente a un cambio de hábitat y de sus usos; el monte ha ido avanzando, las áreas forestales y de matorral cubren hoy más superficie que hace 30-40 años, todo ello unido a una ausencia cada vez más notable de personas en el medio rural, que ya no realizan aprovechamientos tradicionales de estos entornos.

Esta situación de abundancia de caza mayor (ciervos y jabalíes) se ha impuesto en todos los territorios, y también ha ocurrido en los Parques Nacionales, joyas de la biodiversidad española y muchos de ellos creados al amparo de la protección establecida como espacios para el aprovechamiento cinegético. La «sobre abundancia» genera muchos problemas de conservación de estos territorios, por lo que, finalmente, debe acometerse un control poblacional para evitar males mayores. Son claros ejemplos la situación que desde hace años se vive en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) y en el de Cabañeros (entre Ciudad Real y Toledo). Sin embargo, la legislación actual establece la prohibición de la actividad cinegética en estos espacios a partir del próximo mes de diciembre.

Por otro lado, la reducción de las poblaciones de ungulados genera una gran controversia, con opiniones encontradas entre los que piensan que deberia realizarse un control que no implique la muerte de los animales, y los que defienden que la caza como única solución práctica y capaz de generar importantes recursos económicos.

Un estudio firmado por Martínez-Jaúregui y colaboradores, analizó la percepción social de este dilema a través encuestas estratificadas a 190 personas.

Un 2% de los encuestados afirmó que los Parques Nacionales deben estar libres de la intervención humana, incluso cuando esto pueda acarrear problemas como la sobre abundancia de ungulados, mientras que el 95% se mostró favorable a tomar medidas para reducir los daños causados por estas especies. No debemos olvidar que es inherente a esta figura de protección el mantenimiento de la actividad humana como parte fundamental de su conservación.

Para la mayor parte de los encuestados, el control indirecto evitando la muerte de los animales sería la opción preferida. No obstante, el 65% de los consultados estuvo de acuerdo con que los cazadores puedan pagar para cazar y que, de esta forma, se evite gastar dinero público en otras medidas, si bien el 19% era favorable a que no se cazara y a pagar por otras soluciones en los Parques Nacionales.

Para los autores, es socialmente aceptable que se realicen controles de fauna en los Parques Nacionales para tratar de reducir las poblaciones y con ello los daños en algunos contextos, aunque esta medida no está exenta de polémica.

Ahora que la caza tiene los días contados en los Parques Nacionales, y ante la crisis económica que ya estamos viviendo, debería reflexionarse sobre los métodos más efectivos y económicos para preservar estos entornos de inmenso valor ecológico y cultural sin prescindir de una actividad tan importante como la cinegética por su valor económico, pero también indudablemente ecológico y social.

Fuente. cienciaycaza.org